La organización Somos Más presentó las cuatro piezas legislativas
La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes inició este martes el proceso de vistas públicas para atender un bloque de medidas por petición que buscan prevenir diversas prácticas de corrupción en las esferas del gobierno.
Se trata del Proyecto de la Cámara 1012 (P.C. 1012), que propone prohibir los donativos de dinero en efectivo en las campañas políticas; el Proyecto de la Cámara 1013 (P.C. 1013), que impide la contratación de empleados o exempleados de confianza para puestos de carrera hasta no cumplir con un periodo de dos años fuera de la posición; el Proyecto de la Cámara 1014 (P.C. 1014), para enmendar la Ley de Reclamaciones Fraudulentas y facilitar que la ciudadanía pueda llevar la corrupción directamente a los tribunales, sin que el gobierno pueda detener el proceso judicial.
Asimismo, el Proyecto de la Cámara 1015 (P.C. 1015), que persigue crear un “Hatch Act” en Puerto Rico para regular el nivel de envolvimiento de empleados y contratistas de agencias públicas en actividades político-partidistas, y prohibir que lleven a cabo gestiones políticas durante horas laborables.
Los cuatro proyectos fueron presentados por la organización Somos Más, una entidad sin fines de lucro que se identifica como un grupo de “cambio social y político” compuesto por estudiantes y jóvenes profesionales voluntarios.
“Estos cuatro proyectos no resuelven la corrupción que, como todos sabemos, es el principal malestar que los puertorriqueños expresan cuando le preguntan sobre la situación del país, pero atienden puntualmente unas áreas esenciales y abren una discusión seria que debemos tener como país en este renglón”, expresó el portavoz Johnny Rullán Schimdt.
Durante la discusión, el representante Orlando Aponte Rosario, quien preside la comisión, aseguró ser simpatizante del bloque de piezas legislativas. Sin embargo, mostró preocupación por el lenguaje del P.C. 1012, al señalar que partidos minoritarios o emergentes podrán verse mayormente afectados por la eliminación de donativos en efectivo.
El licenciado Adrián Brito, asesor legal de Somos Más, sugirió que la medida emule la normativa federal, que establece un tope de $100 en efectivo para donativos de campañas políticas. A discreción del abogado, en Puerto Rico podrá, inclusive, incorporarse un tope más restrictivo de $50.
“Vamos a usar de ejemplo partidos emergentes, que tienen derecho a pararse en una luz y sacar una cacharra para pedirle ese pesito a doña Ana García. ¿Cómo usted responde a que, con este proyecto, doña Ana no puede dar ese pesito o esos 10 pesitos?”, cuestionó Aponte Rosario, quien señaló que podrán verse afectados los derechos de libertad de asociación tanto de las personas donantes, como de los candidatos de partidos políticos.
“Le diría que la versión que Somos Más contempla de la aprobación final de esta ley incluía una enmienda que en este momento no está, pero ofrecemos trabajarla con la comisión. Y es que se puedan aceptar donativos en efectivo hasta la cantidad de $50 dólares. Precisamente, para no impedir los derechos constitucionales y que doña Ana pueda aportar a los partidos o los candidatos que escoja”, respondió Britto.
Cuando el donativo sea mayor a esta cantidad, el licenciado recomendó la utilización de otros métodos, como cheques o las plataformas digitales ATH Móvil y PayPal. El licenciado también propuso que el donativo en efectivo de hasta $50 sea permitido trimestralmente por donante individual, con el fin de que “compagine” con los reportes financieros que deben ser entregados a la misma fecha ante la Oficina del Contralor Electoral.
En cuanto a los donativos anónimos, la posición de Somos Más es que deben ser prohibidos en su totalidad, basado en un clamor de mayor transparencia electoral. Actualmente, la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas decreta que este tipo de donativo es permitido únicamente en actos políticos colectivos y no podrá exceder de $50.
Mientras, el total de contribuciones anónimas que podrá depositar un partido y su candidato a gobernador para pareo en el Fondo Especial para el Financiamiento de Campañas Electorales no podrá exceder de $300,000 anuales.
“Si uno va a un evento de recaudación de fondos de cualquier entidad – no tiene que ser política –, a la propia organización le conviene tener esa información, porque luego quieren crear una base de datos. Quieren mantener la transparencia. Quieren darle cuentas a su Junta de Directores”, dijo Brito.
“Por lo tanto, a los propios partidos les conviene que exista transparencia y les conviene que cada dólar que recauden esté documentado ante el contralor. Con el número de licencia basta; no hay que pedirle la información en cuanto a su domicilio. Eso no es necesario porque el sistema (electoral) ya está enlazado con el Departamento de Transportación y Obras Públicas, y encuentra automáticamente la identificación del donante”, abundó.
Aunque no compareció a la vista pública, la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Zahira Maldonado, envió a la comisión una ponencia en la que se opone al P.C. 1013. Según la funcionaria, la medida podrá limitar el derecho de libre asociación y la protección de empleados de confianza a no ser discriminados por ideas políticas.
Aponte Rosario se opuso a la opinión de la agencia al defender el objetivo del proyecto de impulsar la contratación de empleados gubernamentales por principio de mérito y que los puestos de carrera estén libres de influencias político-partidistas.
“Lo que no queremos es que las personas que estuvieron trabajando tan cercano, tan de lleno en la formulación de política pública, y crearon una red de contactos, eventualmente aprovechen esa posición para poder entonces, como dice el proyecto, atornillarse en agencias sin que necesariamente se haga a través de un trámite donde prevalezca el principio de mérito”, destacó el representante.
Por su parte, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) también entregó una ponencia en la que indicó que el P.C. 1015 es “innecesario”, pues la Ley de Ética Gubernamental prohíbe la participación de empleados públicos en actividades político-partidistas.
Aponte Rosario, quien adelantó que la comisión se apresta a la aprobación del bloque de medidas, informó que convocará una próxima vista pública en la que deberán comparecer las agencias con jurisdicción sobre los distintos asuntos, así como el Departamento de Justicia.
